Chile. Convocan nuevas movilizaciones.

CHILE: Gobierno sigue negando entrar a dialogar
Estudiantes convocan a nuevas movilizaciones .


Los máximos dirigentes universitarios repudiaron el jueves la negativa del gobierno a acoger sus demandas para iniciar un diálogo y anunciaron nuevas movilizaciones, incluidos dos paros nacionales en septiembre.


"El gobierno ha hecho la apuesta de que el movimiento estudiantil está debilitado. No es así. Este movimiento tiene todavía capacidad de seguir en pie", dijo Francisco Figueroa, vicepresidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile, en una rueda de prensa ofrecida cerca de la medianoche.

Las nuevas movilizaciones responden a la posición del gobierno del presidente Sebastián Piñera, difundida el mismo jueves, de rechazar dos de las cuatro garantías demandadas por estudiantes universitarios y secundarios para iniciar un diálogo que ponga fin a las protestas iniciadas hace cuatro meses.

Llamó la atención que, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones, no ejercieron la vocería de las cúpulas estudiantiles de las 25 universidades estatales chilenas los dirigentes Camila Vallejo y Giorgio Jackson, los más moderados dentro del movimiento universitario, según analistas.

"Lamentamos profundamente que el gobierno se haya negado a entregar condiciones, la verdad mínimas, de sentido común...porque nosotros estamos dispuestos al diálogo", añadió Figueroa.

La negativa complicó aun más el panorama que afecta a la educación chilena, una de las más desiguales del mundo.

Los universitarios exigen una educación de calidad, igualitaria, gratuita y el fin del lucro, mientras los secundarios demandan que la administración de sus escuelas salga del ámbito municipal y retorne al Estado.

El ministro de Educación, Felipe Bulnes, fue el encargado de entregar la posición oficial, mientras los líderes universitarios estaban reunidos en el vecino puerto de Valparaíso.

Los universitarios exigían paralizar la discusión y envío al congreso de proyectos relativos a la educación; eliminar el plazo del 7 de octubre para cerrar el semestre académico, suspender la entrega de dineros fiscales a las universidades que lucran con ellos y la transmisión directa de las negociaciones.

El gobierno aceptó parcialmente las dos últimas, al señalar que entregará actas de las reuniones, en caso de concretarse, y que fiscalizarán, a futuro, el lucro en los planteles privados.

Laura Palma, dirigente de la Universidad de La Serena, había anticipado que "se viene un escenario súper complejo".

Mantener los plazos para cerrar el año escolar implicará que unos 80 mil secundarios repitan al carecer del porcentaje mínimo de asistencias, mientras otros 160 mil aceptaron alternativas para aprobar, como rendir exámenes libres. Los universitarios perderán las becas y créditos por no cerrar el semestre académico, y deberán abandonar sus estudios por falta de dinero.

Los plazos son calificados de presiones del gobierno, pero Bulnes respondió que las fechas "estaban previstas antes de que comenzara este conflicto".

En el caso de los secundarios, dijo que aunque extendieran el año escolar hasta fines de enero del 2012, no se cumpliría con las semanas mínimas de clases.

"No es que no queramos, es que no se puede", aseveró.

Sobre la paralización de los proyectos de ley relacionados con una rebaja en los créditos con aval del Estado y la reprogramación de 110 mil morosos que figuran en un listado nacional que les impide contraer préstamos habitacionales, en casas comerciales e incluso, a veces, encontrar trabajo, Bulnes dijo que "no vemos cómo (el hecho de) tramitar este proyecto podría ser un obstáculo a nuestro proceso de diálogo".

"Ratificamos nuestra apertura y esperamos que ese ánimo también esté en los estudiantes y que no haya imposiciones", enfatizó el ministro.