México: leyes contra el Cine.

Prácticas legislativas contra el cine mexicano
Víctor Ugalde


Pésima noticia para nuestro cine y el del mundo resultó el dictamen negativo que emitió la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la Cámara de Diputados al considerar contrario al bien común el incremento de 10 a 30 por ciento del tiempo de pantalla para el cine mexicano, impulsado por el diputado Herón Escobar, del Partido del Trabajo.

Entre otras barbaridades, el dictamen sostiene que “la propuesta impide la posibilidad del público de decidir, seleccionar y preferir películas al juicio o gusto de los cinéfilos…” Además, agrega que “se afectaba la libre concurrencia y la libre competencia”.

Las palabras (1) son copia fiel de los argumentos que siempre han presentado los grandes consorcios de la comunicación audiovisual nacional y trasnacional (Motion Pictures Asociation y Televisa), que parecen haber convencido a la comisión de RTC cuando fueron consultados.

Desgraciadamente, en un acto francamente antidemocrático e irresponsable, los diputados de RTC encabezados por su presidente, Juan Gerardo Flores, del PV, no consultaron ni escucharon a los verdaderos afectados: el público, los artistas y los productores nacionales. Grave retroceso.

La comisión “olvidó” que por ser una industria cultural el cine es de interés social y que México tiene firmados acuerdos internacionales, como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (CPPD), donde nuestro país se comprometió a garantizar la circulación del imaginario nacional y del mundo (2005), mismo que hemos venido incumpliendo desde entonces.

Los diputados de RTC se quedaron sólo con la versión del “sector comercio”, misma que no puede estar por encima de otros derechos fundamentales expresados en la Constitución, como el derecho a la cultura, a la información y el artículo 28, donde se establece que el Estado nacional debe impedir las prácticas monopólicas contrarias al libre comercio.

Mañosamente, y en defensa de los argumentos pro empresariales, los diputados de RTC utilizaron los términos de manera contraria a lo que se imputa a las empresas dominantes de la comunicación.

Es de todos conocido, menos para la Comisión Federal de Competencia Económica y este grupo de diputados, que la exhibición en México tiene la presencia dominante de tres grupos de exhibición que controlan 85.34 de las 4 mil 993 pantallas del país (Cinépolis, MMCinemas/Cinemex y Cinemark) y que éstos desplazan, mediante la concentración indebida de los estrenos, a sus competidores medianos y pequeños. Por esto acapararon 91.88 por ciento de los 189.4 millones de asistentes en 2010.

Estos grupos superan en 20 por ciento el índice de dominancia ideal para que el mercado sea competitivo y entre las tres representan 95.16 por ciento del total. (2) Si tienen duda sobre su accionar, baste recordar cómo actuaron contra la película El origen, donde sólo dos empresarios que acumulan 94.14 por ciento del total actuaron de manera coordinada para afectar a un proveedor que sólo quería una mejor repartición de las ganancias y nadie los sancionó por esto.

Si esto le hacen a una empresa tan fuerte como Warner, imagínense cómo tratan al cine mexicano.
¡El mundo de la distribución está igual de concentrado! Las empresas de la Motion Pictures Asociation actúan como un cártel y nunca se pisan entre sí en un estreno fuerte. ¿Casualidad o contubernio? Semana a semana saturan el mercado con su alto volumen de copias y apabullan a sus competidores de otras nacionalidades, sobre todo a las cintas mexicanas. Su dominancia sobre el mercado rebasa los 9 mil 635 puntos

En 2010 se estrenaron 56 filmes mexicanos, 18 por ciento del total, pero sólo lograron captar 7.5 por ciento de los espectadores. Esta cifra sirvió para que la Camára Nacional de la Industria del Cine argumentara que se debía a la poca aceptación del público a nuestra producción fílmica, pero la realidad es otra y muy diferente. Desgraciadamente los diputados cayeron en el engaño, y con eso afectan de manera grave al cine nacional.

Seguramente los empresarios nunca les mencionaron que de los 56 estrenos sólo 13 alcanzaron todos los estados de la República, y que, mediante desplazamientos indebidos, 48 por ciento de las cintas nacionales estrenadas lo hicieron en menos de la mitad de las entidades; es decir, que a 50 por ciento de los mexicanos les impidieron el acceso a 27 filmes nacionales. ¿Dónde está su derecho a decidir? Así también sabrían que 14 películas sólo se estrenaron en el Distrito Federal y su área metropolitana. Es decir, que 82 por ciento de los habitantes nunca tuvieron opción de seleccionar entre las 3 mil 782 copias de Harry Porter y Transformer IV o las cintas mexicanas. Sólo por poner otro ejemplo: a los habitantes de Campeche, Tlaxcala y Nayarit sólo se les ofertaron 16 películas nacionales en el año. ¿Cómo escoger?

La iniciativa del diputado Herón, que es similar a la que había presentado la senadora María Rojo, sólo trataba de corregir este tipo de situaciones en beneficio de los consumidores y cineastas, para equilibrar la oferta de las cintas nacionales contra las estadunidenses y sus prácticas contrarias al libre comercio.

El bien común en las industrias culturales no es el bien económico de los grupos audiovisuales nacionales y trasnacionales en el poder, que algunos de los diputados representan. El bien común radica en garantizar la producción y circulación del imaginario fílmico nacional y del mundo. Así lo indica la CPPDEC, compromiso internacional con seis años de incumplimiento.

1. Roberto Garduño y Enrique Méndez (La Jornada 8/9/2011).

2. El poder del mercado, de Mariana Cerrila. Revista Toma, número 14.