jueves, 2 de febrero de 2012

México y la telecomunicaciones.

Competencia económica y competencia política
Orlando Delgado Selley


Con el estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones, la evaluación de la actuación del gobierno federal y el costo de la ausencia de competencia en la economía entró de lleno en la discusión electoral. Al asunto, además, se añade la disputa en la Cofetel, entre cuatro comisionados y el presidente del organismo, sobre la autorización para que la alianza Televisa-Iusacell-Televisión Azteca participe en la licitación por una tercera cadena en televisión abierta.

La OCDE señala que la existencia de un operador que controla 80 por ciento de la telefonía fija y 70 de la móvil se explica por la ausencia de competencia y de una regulación eficiente. Lo mismo puede decirse en la televisión abierta, donde dos empresas que se pretenden aliar controlan 90 por ciento del mercado, con el agravante de que por su propia naturaleza son jugadores decisivos en la competencia electoral. La conclusión obvia es que Telmex acepte una regulación asimétrica que permita el acceso de otros operadores y que en televisión abierta se liciten por lo menos dos nuevas cadenas.

El asunto de las cadenas adicionales de tv abierta ha obligado a que los contendientes por la presidencia tengan que pronunciarse. Las respuestas han sido lo suficientemente claras, pese a formularse en términos imprecisos, para saber qué harían en caso de llegar a Los Pinos. El candidato del PRI, promotor de la entrada de capitales privados a Pemex, señaló que él alienta la competencia, vaguedad que permite cualquier interpretación. Los tres panistas sostuvieron posiciones generales, mientras López Obrador rechazaba la alianza Televisa-Iusacell.

Tras la publicación de los resultados del estudio de la OCDE los contendientes políticos tendrían que definirse, ya que los contendientes económicos lo han hecho. El estudio señala que Telmex “no debe tener una concesión para prestar servicios de tv a menos que cumpla ciertas condiciones”. Slim respondió calificando al estudio como una “jalada de pelos” y recordando que Gurría, secretario de Hacienda con un gobierno del PRI, dice alentar la competencia pero cuando pudo hacerlo no fue capaz de resolver. Iusacell, en un desplegado de plana entera, atacó al Grupo Reforma por su parcialidad a favor de Telmex y lo acusó de ocultar las recomendaciones de la OCDE.


Conocer la posición de Peña Nieto frente a las recomendaciones de la OCDE y la licitación de tv abierta, de López Obrador y de Vázquez Mota, que seguramente será la candidata electa el próximo domingo, es verdaderamente importante. No porque sea fundamental para decidir quién ganará en julio, sino porque da cuenta de lo que harán en un tema decisivo para el futuro económico del país: seguir permitiendo la concentración en prácticamente todos los mercados o combatirla tomando decisiones que efectivamente fortalezcan la competencia. Dicho en breve, cumplir con lo que señala nuestra Constitución o seguir en la ruta que nos ha llevado a la mediocridad económica, beneficiando a unos cuantos y perjudicando a la mayoría de la población.

Este posicionamiento de los candidatos debiera ser preciso, para lo que resultan fundamentales los medios, forzándoles a definirse entorno a una meta específica. La OCDE señala que en promedio entre los países miembros la cuota de mercado del mayor operador de telefonía móvil es de 40 por ciento, cuota que pudiera servir como meta para establecer la participación máxima de las empresas que controlan mercados particulares. El impulso que una decisión de este tipo, que por supuesto tendría que convertirse en ley para evitar interpretaciones interesadas, daría a la economía sería extraordinario.

El asunto es evidentemente general, no sólo hay concentración en la tv abierta y en las telecomunicaciones, también la hay en la cerveza, bancos, tiendas departamentales y de autoservicio, refrescos, etcétera, lo que pudiera permitir sortear presiones de grupos poderosos, con capacidad para actuar sobre las preferencias electorales.

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