Explicación pendiente
Es inútil querer ganar semanas o meses de vida política a base de no afrontar los problemas
Mariano Rajoy contestó ayer con una rotunda negativa a la petición de
renuncia planteada por la oposición 24 horas antes. Pero no lo hizo en
sede parlamentaria ni en el marco de una explicación detallada del caso Bárcenas,
sino al vuelo de una conferencia de prensa con el primer ministro
polaco y con una declaración preparada de antemano. El presidente del
Gobierno sabe muy bien que lo escuchado ayer no son las explicaciones
que se le piden, y que por tanto subsiste por entero la necesidad
inexcusable de hacerlo en el Parlamento.
Esto ocurrió el mismo día en que el exgerente y extesorero del PP confirmó ante el juez Ruz su cambio de estrategia. De negar la autoría de los papeles contables publicados por este periódico el 31 de enero, Bárcenas ha pasado no solo a reconocerlos, sino a presentarlos como el reflejo de un sistema consolidado de sobresueldos y de trajín de dinero negro en la sede central del PP. De entre los perceptores excluye a José María Aznar y carga contra Rajoy y María Dolores de Cospedal, a los que atribuye cantidades concretas, aunque también dice no haber conservado los recibís correspondientes. Sí aportó un documento sobre la entrega de 200.000 euros en 2007 al entonces gerente del PP en Toledo, supuestamente a cambio de una contrata de limpieza, cuando Cospedal era la presidenta del PP de Castilla-La Mancha. La señalada niega tal acusación y considera las demás afirmaciones de Bárcenas como un cúmulo de “calumnias y mentiras”.
La justicia debe proseguir firmemente su investigación. Pero no se agotan ahí las explicaciones que la ciudadanía necesita. Las incógnitas se multiplican tras la declaración judicial de Bárcenas y dejan aún más en el aire el grado de compromiso con el extesorero del PP y las graves sospechas sobre un sistema de ingresos y pagos irregulares en el partido. Argüir que no hay connivencia con Bárcenas porque está preso no es solo una simpleza, sino un argumento peligroso en boca de dirigentes políticos, porque sugiere que el Poder Ejecutivo puede decidir a quién se mete en la cárcel y a quién no.
Rajoy se agarra al valor de la estabilidad política y da a entender que es la garantía del programa de reformas puesto en marcha por su Ejecutivo. Es una respuesta que intenta llevar el debate al terreno clásico de la discusión entre Gobierno y oposición; pero no se hace en el Parlamento, lugar natural de encuentro entre la mayoría y las minorías, además de sede de la soberanía. Rajoy hace bien en no discutir en público con el extesorero ni con su entorno, pero para que ello resulte aceptable para la ciudadanía debe someterse a los cauces parlamentarios homologables a los países de nuestro entorno.
El problema continúa planteado en los mismos términos en que estaba antes de la conferencia de prensa de ayer, y la única ventaja provisional con que cuenta Rajoy es el desacuerdo de la oposición respecto a la estrategia a seguir. El jefe del Gobierno busca instalarse en la idea de la resistencia, de ir ganando semanas o meses de vida política a base de aplazar los problemas. Es un método inútil para responder a la gravedad de las sospechas que han calado entre la ciudadanía.
Esto ocurrió el mismo día en que el exgerente y extesorero del PP confirmó ante el juez Ruz su cambio de estrategia. De negar la autoría de los papeles contables publicados por este periódico el 31 de enero, Bárcenas ha pasado no solo a reconocerlos, sino a presentarlos como el reflejo de un sistema consolidado de sobresueldos y de trajín de dinero negro en la sede central del PP. De entre los perceptores excluye a José María Aznar y carga contra Rajoy y María Dolores de Cospedal, a los que atribuye cantidades concretas, aunque también dice no haber conservado los recibís correspondientes. Sí aportó un documento sobre la entrega de 200.000 euros en 2007 al entonces gerente del PP en Toledo, supuestamente a cambio de una contrata de limpieza, cuando Cospedal era la presidenta del PP de Castilla-La Mancha. La señalada niega tal acusación y considera las demás afirmaciones de Bárcenas como un cúmulo de “calumnias y mentiras”.
La justicia debe proseguir firmemente su investigación. Pero no se agotan ahí las explicaciones que la ciudadanía necesita. Las incógnitas se multiplican tras la declaración judicial de Bárcenas y dejan aún más en el aire el grado de compromiso con el extesorero del PP y las graves sospechas sobre un sistema de ingresos y pagos irregulares en el partido. Argüir que no hay connivencia con Bárcenas porque está preso no es solo una simpleza, sino un argumento peligroso en boca de dirigentes políticos, porque sugiere que el Poder Ejecutivo puede decidir a quién se mete en la cárcel y a quién no.
Rajoy se agarra al valor de la estabilidad política y da a entender que es la garantía del programa de reformas puesto en marcha por su Ejecutivo. Es una respuesta que intenta llevar el debate al terreno clásico de la discusión entre Gobierno y oposición; pero no se hace en el Parlamento, lugar natural de encuentro entre la mayoría y las minorías, además de sede de la soberanía. Rajoy hace bien en no discutir en público con el extesorero ni con su entorno, pero para que ello resulte aceptable para la ciudadanía debe someterse a los cauces parlamentarios homologables a los países de nuestro entorno.
El problema continúa planteado en los mismos términos en que estaba antes de la conferencia de prensa de ayer, y la única ventaja provisional con que cuenta Rajoy es el desacuerdo de la oposición respecto a la estrategia a seguir. El jefe del Gobierno busca instalarse en la idea de la resistencia, de ir ganando semanas o meses de vida política a base de aplazar los problemas. Es un método inútil para responder a la gravedad de las sospechas que han calado entre la ciudadanía.
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