Tomar la iniciativa
Usar la moción de censura es el modo de tener el debate sobre la corrupción que elude el PP
La moción de censura anunciada ayer por el líder socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, tiene un objetivo instrumental. Ni siquiera él mismo se
postula como nuevo presidente del Gobierno, consciente de la mayoría
absoluta con la que cuenta el actual inquilino de La Moncloa. Ahora
bien, es el único medio legal de forzar un debate sobre la corrupción,
que el Grupo Popular ha vetado en cualquier otro formato. Desde esa
perspectiva, es lamentable que el funcionamiento del Parlamento llegue a
ser tan anormal como para tener que usar el arma constitucionalmente
más potente contra el Gobierno, y el jefe del Ejecutivo debería pensarse
dos veces si le conviene llegar a ese extremo.
Rajoy debería haber explicado ya al Congreso la supuesta contabilidad paralela en su partido, puesta de relieve por el documento publicado por este periódico el 31 de enero. Fue elaborado por un exgerente y extesorero al que el propio Rajoy ascendió en 2008, de cuya inocencia se mostró seguro en 2009, y que le señala ahora como uno de los perceptores de dinero negro. El propio presidente habla ya públicamente de un chantaje, al que se declara dispuesto a resistir. No se trata de asuntos que puedan despacharse en comparecencias meramente protocolarias, como la que llevó a cabo el lunes junto a su homólogo polaco. Rajoy es un jefe de Gobierno parlamentario, no un presidente investido directamente por las urnas, y como tal se debe al Congreso.
La estabilidad política es un valor de primer orden, pero no a costa de convertir la mayoría absoluta en patente de corso. Así no se defiende la estabilidad: al contrario, se coloca a las instituciones en una suerte de funcionamiento excepcional, como si las cámaras fueran meros apéndices del Ejecutivo. Ese es el caldo de cultivo de las conspiraciones, del populismo y del deterioro de la imagen de las instituciones ante la ciudadanía, que asiste atónita a una sucesión de escándalos sin explicaciones.
En apariencia, amenazar con la censura a un presidente que dispone de mayoría absoluta es un contrasentido. La Constitución diseña la moción de censura como el procedimiento para formar una mayoría alternativa e investir a otro jefe de Gobierno. Pero es verdad que constituye el único medio legal de someter a debate la responsabilidad política del Gobierno y también el único cuya tramitación no puede ser bloqueada por el PP. Ni siquiera obliga al presidente actual a explicarse: en la moción de censura, lo que se somete a escrutinio es el programa del candidato, como ocurrió con las recibidas por Adolfo Suárez en 1980 y por Felipe González en 1987. Y por tanto, el candidato —que ha de haberlo— corre con todos los riesgos políticos.
A favor de hacerlo juegan dos argumentos: no permitir que el Parlamento sea reducido al papel de convalidar decisiones del Ejecutivo, y ofrecer a la Cámara, y por ende a los ciudadanos, la oportunidad de recuperar una cierta dignidad.
Rajoy debería haber explicado ya al Congreso la supuesta contabilidad paralela en su partido, puesta de relieve por el documento publicado por este periódico el 31 de enero. Fue elaborado por un exgerente y extesorero al que el propio Rajoy ascendió en 2008, de cuya inocencia se mostró seguro en 2009, y que le señala ahora como uno de los perceptores de dinero negro. El propio presidente habla ya públicamente de un chantaje, al que se declara dispuesto a resistir. No se trata de asuntos que puedan despacharse en comparecencias meramente protocolarias, como la que llevó a cabo el lunes junto a su homólogo polaco. Rajoy es un jefe de Gobierno parlamentario, no un presidente investido directamente por las urnas, y como tal se debe al Congreso.
La estabilidad política es un valor de primer orden, pero no a costa de convertir la mayoría absoluta en patente de corso. Así no se defiende la estabilidad: al contrario, se coloca a las instituciones en una suerte de funcionamiento excepcional, como si las cámaras fueran meros apéndices del Ejecutivo. Ese es el caldo de cultivo de las conspiraciones, del populismo y del deterioro de la imagen de las instituciones ante la ciudadanía, que asiste atónita a una sucesión de escándalos sin explicaciones.
En apariencia, amenazar con la censura a un presidente que dispone de mayoría absoluta es un contrasentido. La Constitución diseña la moción de censura como el procedimiento para formar una mayoría alternativa e investir a otro jefe de Gobierno. Pero es verdad que constituye el único medio legal de someter a debate la responsabilidad política del Gobierno y también el único cuya tramitación no puede ser bloqueada por el PP. Ni siquiera obliga al presidente actual a explicarse: en la moción de censura, lo que se somete a escrutinio es el programa del candidato, como ocurrió con las recibidas por Adolfo Suárez en 1980 y por Felipe González en 1987. Y por tanto, el candidato —que ha de haberlo— corre con todos los riesgos políticos.
A favor de hacerlo juegan dos argumentos: no permitir que el Parlamento sea reducido al papel de convalidar decisiones del Ejecutivo, y ofrecer a la Cámara, y por ende a los ciudadanos, la oportunidad de recuperar una cierta dignidad.
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